La consulta interna del Pacto Histórico para definir su precandidato presidencial se desmorona. La renuncia de Daniel Quintero no es un hecho aislado, sino el síntoma más agudo de una crisis provocada por una combinación de presiones externas y fracturas internas. Mientras Quintero declara la muerte del proceso a manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), figuras como Carolina Corcho e Iván Cepeda se aferran a una contienda que parece jurídicamente inviable.
El diagnóstico clínico de esta consulta revela una serie de maniobras letales provenientes de distintos frentes. Por un lado, la desinformación constante de medios tradicionales que, con noticias falsas, la han dado por muerta varias veces, logrando sembrar incertidumbre y desmotivación en las bases del pacto. Por otro lado, están los golpes directos desde los órganos electorales: primero, el CNE excluyó a los colombianos en el exterior; segundo, ordenó la eliminación del logo del Pacto Histórico del tarjetón.
Sin embargo, el error fatal es de naturaleza técnica y jurídica: el tarjetón designa la elección de un "candidato" presidencial en lugar de un "precandidato". Este detalle, que el CNE se niega a corregir, transforma una consulta interna en una interpartidista ante la ley. La consecuencia directa es devastadora: quien resulte ganador no podrá inscribirse en la futura consulta del Frente Amplio en marzo de 2026.
Este laberinto jurídico fue el argumento central de Quintero para su retirada, aunque su posición desfavorable en las encuestas ofrece un contexto político que no puede ser ignorado. Su renuncia expone la encrucijada del resto de los participantes: ¿insistir en un mecanismo condenado al fracaso o buscar una alternativa? Hoy, más que una competencia democrática, la consulta del Pacto Histórico parece un campo minado donde cada paso es un riesgo de aniquilación política.
